Revelador informe que desnuda el accionar del gremio veterinario, pasaron 10 años y aún no hay JUSTICIA PARA LOS SIN VOZ

Revelador informe que desnuda el accionar del gremio veterinario, pasaron 10 años y aún no hay JUSTICIA PARA LOS SIN VOZ, el Colegio de Veterinarios es la entidad que promueve las politicas eutansicas de la WSPA y fueron los que firmaron las conclusiones el 24 de noviembre de 2010, junto con otras entidades publicas, ONGs eutanasicas y Directores de Centros de Zoonosis, estas conclusiones que preveen instalar en Argentina las matanzas humanitarias.

Para saber mas leer:
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3918-concluciones-finales.pdf


Crónica Negra de una Corporación – Año 2000 – Club de Animales Felices




Con esta exposición, queremos poner en conocimiento de todos la posición de los colegios de veterinarios, que actuando en defensa de sus intereses económicos, presionan para que continúe la matanza de perros y gatos, y para que no exista servicio público veterinario.

Nuestra lucha persigue el objetivo opuesto. Para lograrlo, es preciso que se apruebe legislación adecuada, que permitirá dar soluciones de fondo a los problemas que padecen los animales. El gremio veterinario se presenta ante los legisladores y ante la sociedad como si sus opiniones fueran objetivas y estuvieran científicamente fundamentadas. No es así en absoluto. Y desconocer esto es permitirles que continúen obstaculizando la tarea. Por eso es que consideramos imprescindible que esta información se conozca y difunda, a fin de desenmascararlos, comprobando que sus opiniones sobre el tema nada tienen que ver con la ciencia ni con la objetividad, sino con la defensa de intereses corporativos.


Para todas las situaciones que relataremos a continuación, se encuentra disponible el material documental correspondiente.


Caso 1
  
En el Partido de Esteban Echeverría, en la zona Sur del Gran Buenos Aires, el Concejo Deliberante, por iniciativa del Departamento Ejecutivo, aprobó en 1990 una Ordenanza que facultaba al Antirrábico a brindar atención clínica gratuita en el Instituto.
Frente al hecho de que el Antirrábico Municipal comenzó a dar cumplimiento a dicha norma, el Círculo de veterinarios local se entrevistó con las autoridades municipales y presionó hasta que les “torció el brazo”. Tras haber conseguido esto, bajo el título “Círculo de Veterinarios de Esteban Echeverría Informa”, publicaron una nota, en la que llaman “irregularidad” al hecho de que se cumpliera una Ordenanza, instando a los colegas a que denunciaran este tipo de “irregularidades” ante el Colegio de Veterinarios, para que éste las castigara.


Caso 2
  
Este caso también sucedió en la Provincia de Buenos Aires, en el Partido de Gral. San Martín.
Cuando en 1990 asumió como Director del Antirrábico municipal el Dr. Ignacio Cerverizzo, la corporación comenzó a presionar cada vez con mayor intensidad. Porque se comenzó a trabajar.
A pesar de las presiones, el trabajo se fue intensificando y –fundamentalmente a partir de 1992- se comenzó a implementar una política de control poblacional a través de planes masivos de esterilización, tanto en la sede central como en los barrios, llegando a intervenir a 700 animales por mes (8.500 por año).
Además se atendían aproximadamente 100 a 150 consultas clínicas por día.
Si bien estos números son altos -de por sí-, adquieren mucha mayor magnitud si se tiene en cuenta que ese trabajo se estaba llevando a cabo en una localidad de 400.000 habitantes humanos, que convivían –según indicaron los resultados del muestreo realizado al comenzar- con alrededor de 80.000 perros y 20.000 gatos.
También se remodelaron las instalaciones (tanto las destinadas a los animales como al personal) y se decidió dejar de matar animales.

Por todo eso, el Círculo de veterinarios local pidió al Colegio Provincial de veterinarios ‘las cabezas’ del Dr. Cerverizzo y de otros 7 colegas que allí trabajaban, solicitando les fueran aplicados “apercibimientos y sanciones” por considerar que estaban violando el Código de Ética de los veterinarios.
Porque ese “Código de Ética” considera “falta grave” “el cobro de honorarios por debajo de los mínimos legalmente establecidos” (‘establecidos’ –dicho sea de paso- por el propio Colegio), y establece que eso es “competencia desleal”. Cabe señalar que se estaba acusando de “competencia desleal” a un organismo estatal, dotado de personal cuyos salarios la comunidad paga para recibir servicio.

La puja duró varios años. En 1993 se produjo un debate televisivo sobre el tema, donde se encontraba el Dr. Cerverizzo, “acusado” por el ‘delito’ de atender gratuitamente a los animales en el Antirrábico de San Martín (un centro de salud estatal), y los denunciantes de este ‘delito’, los veterinarios Bernades (en ese momento, Presidente del Colegio de veterinarios de la Provincia de Buenos Aires) y Reynés (Director del Antirrábico de Tres de Febrero y –al mismo tiempo- directivo del gremio veterinario. Hasta el año 2000 continuo detentando ambos cargos).
En esa ocasión, Reynés pronunció una frase memorable: “Nosotros creemos que la atención gratuita indiscriminada no tiende a crear una conciencia en el dueño; el dueño tiene que tener conciencia del animal que tiene… de la cantidad de animales que puede tener”.
  
Dicho en criollo: la atención gratuita fomenta la ‘inconsciencia’, porque uno sólo debe tener los animales por cuya atención veterinaria pueda PAGAR.
Pero… noten que la frase no la pronunció cualquiera, sino un funcionario público, es decir, un individuo que todos los meses cobra un sueldo que le paga la comunidad. Y–claramente- expresó su oposición a la prestación de servicio público.
Sin duda, les debe resultar un poco caro a los vecinos de Tres de Febrero tener  un funcionario cuyo ‘trabajo’ es defender los intereses privados… Para eso, más lógico sería que le pagaran los privados y no que lo mantenga la comunidad, ¿no?

En ese mismo debate televisivo, Bernades también se lució, diciendo que la atención sin cargo “pasa a ser una competencia con la actividad privada. Y, en un momento en que estamos intentando privatizar, esta actividad pasa a competir abiertamente con los veterinarios zonales”. ¿Alguien imagina qué sucedería si los representantes del gremio médico (de humanos) dijeran por televisión que la atención gratuita en los hospitales públicos representa una competencia para la actividad privada de los médicos, y que –por lo tanto- no es ética…?

Es importante dejar claro que nadie les pide que trabajen gratis en sus veterinarias privadas. Tampoco que cobren más barato. Que cobren lo que les dé la gana. Lo que sí se les exige es que dejen de oponerse a que exista el servicio público, que debe estar dirigido (como la escuela pública y el hospital público) tanto a los que no puedan pagar como a los que no quieran pagar servicios privados.

El Sindicato veterinario continuó presionando por distintas vías, hasta que consiguió que las autoridades municipales les entregaran ‘el botín’, desplazando al Dr. Cerverizzo de su cargo de Director.
Entonces el Colegio de veterinarios de la Provincia de Buenos Aires publicó una nota a fines de 1994 en su “Boletín Informativo”, bajo el título: “BUENAS NOTICIAS PARA LOS COLEGIADOS DE GENERAL SAN MARTÍN Y ALREDEDORES”, festejando este desenlace. que terminaba con la “competencia desleal” ocasionada por “la atención hospitalaria indiscriminada, que tanto había perjudicado en esos años a la profesión privada”…


Caso 3
  
En enero de 1991, la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tuvo que emitir un Dictamen para contestarle al Colegio de veterinarios, ya que éste había hecho una presentación ante el gobierno de la Provincia, reclamando “contra la prestación de servicios médico- veterinarios por algunas municipalidades, en forma gratuita o con la percepción de un pequeño arancel, por entender que ello colisiona con el ejercicio privado de la profesión”.
Por supuesto, la Asesoría los mandó con el reclamo a… sus casas.


Caso 4
  
El siguiente caso se produjo en la Ciudad de Buenos Aires.
El 6 de Diciembre de 1993, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó (por unanimidad) una Ordenanza que desterraba la matanza de animales que venía efectuando el Instituto Pasteur (el Antirrábico local) como forma de controlar la superpoblación y establecía –en cambio- las Campañas de esterilización gratuitas, masivas, sistemáticas y extendidas a los barrios, a cargo de dicho Instituto estatal.
Más rápido que volando, llegaron a Saúl Bouer (el –entonces- Intendente de la Ciudad) 5 pedidos desesperados para que vetara la flamante Ordenanza.
Dos de esos pedidos fueron hechos por sociedades seudoprotectoras (SAPA y ADDA), viejas conocidas por su afición a la matanza de animales.
Los otros 3 provenían de la “Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales de la República Argentina”; del veterinario Héctor Luis Marenda, “Presidente del Ateneo Veterinario”; y del “Consejo Profesional de Médicos Veterinarios”.
Y el intendente obedeció, vetando la Ordenanza. Así, el Instituto Pasteur siguió matando perros y gatos y siguió sin realizar campañas de esterilización. Y el gremio veterinario, contento.


Caso 5
  
Volvemos a la Provincia de Buenos Aires.
En 1994, el entonces Juez en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, Dr. Daniel Llermanos, allanó la Dirección Provincial de Zoonosis (sita en Avellaneda) y el Antirrábico de Lomas de Zamora, a raíz de una denuncia presentada por el CAF. En ambas dependencias, procedió a clausurar las cámaras de gas y les prohibió matar con ése o con cualquier otro método.
Y aquí vuelve una yunta que ‘se las trae’: rapidito (y muy molestos) fueron Bernades y Reynés a verlo. Los siguientes son algunos párrafos sobresalientes del relato que hizo el Colegio de veterinarios de la Provincia de Buenos Aires en una nota publicada en la revista “Clínica y Producción veterinaria” acerca de esa entrevista, efectuada “con relación al procedimiento realizado en el Departamento de Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud, (…) como consecuencia del cual procedió a la clausura de las instalaciones de cámaras de gas, destinadas al sacrificio de caninos y felinos”.
“Como se conocieran declaraciones periodísticas que contenían expresiones adversas al sistema de eliminación (…) se solicitó la correspondiente audiencia a fin de plantear la preocupación de la Institución ante aquellas expresiones que consideró injustificadas (…) así como nuestro disentimiento con dirigentes de entidades proteccionistas, como hemos dicho opuestas al sacrificio de animales. El señor Juez Llermanos coincide con el pensamiento de estas últimas, (…). Sinceramente debemos lamentar la postura del Sr. Juez (…)”.


Caso 6
  
En octubre de 1995, en Ushuaia, Tierra del Fuego, la entidad protectora local A.R.A.F, había presentado una denuncia contra la matanza de animales que este municipio efectuaba, matanza que –además- se realizaba con cámara de gas.
La jueza consideró que esto no constituía delito y apoyó su fallo en el hecho de que dicha metodología cuenta con la aprobación de la FEVA (“Federación Veterinaria Argentina, integrada por los Colegios y Consejos de Médicos Veterinarios de la República Argentina”).


Caso 7
  
En diciembre de 1995, la Cámara de Diputados de la Nación había aprobado (después de 5 años de estudio y debate) un Proyecto de Ley Penal de protección a los animales que castigaba a quien matara a un animal “sano o enfermo con capacidad de recuperación clínica, quirúrgica o espontánea”.
El Proyecto fue girado al Senado de la Nación, disponiendo éste de 2 años para su tratamiento. Si en ese lapso el Proyecto se aprobaba en el Senado sin modificaciones, quedaba convertido en Ley, con vigencia obligatoria en todo el país.
El CAF llevó adelante una campaña de junta de firmas (acompañado por Telefé), solicitando al Senado el pronto tratamiento y aprobación del Proyecto que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, lo que habría significado un importantísimo avance para todo el país.
Y esa campaña culminó su etapa inicial cuando -en marzo del ‘96- se entregaron en el Senado las primeras 150.000 firmas que habían llegado desde distintos lugares del país.

Pero resultó que Ana María Peña de López, una senadora del PJ de Formosa, había presentado un ‘conocido’ proyecto sobre el mismo tema, aunque con una “pequeña” diferencia: despenalizaba la matanza de animales… Aclaremos que decimos ‘conocido’, porque se trataba del mismo proyecto que ya había sido descartado por la Cámara de Diputados en esos 5 años de estudio.

Y este proyecto -al igual que en la Cámara de Diputados- estaba siendo impulsado en el Senado por la corporación veterinaria y por entidades seudoprotectoras que avalan, promueven y/o practican la matanza de animales.

El sindicato veterinario estaba haciendo lobby a favor del proyecto despenalizador de la matanza, de la senadora Peña de López, lo que quedó claro en el Boletín Informativo de la FEVA (Federación Veterinaria Argentina) , de julio de 1996.

Allí decían:

“La FEVA, a través de su Presidente (Federico del Castillo) y sus representantes Dres. Mariano Bernades y Leopoldo Estol, ha presentado ante la Cámara de Senadores de la Nación su respaldo fundado, al proyecto (de) ley sobre Protección Animal, presentado por la Senadora Lic. Ana M. Peña de López” (el despenalizador de la matanza).
Luego, refiriéndose a la existencia del otro proyecto, decían que “se ha originado un grave conflicto entre quienes sostienen la prohibición absoluta de la práctica de la eutanasia en animales y entre los que –como la Senadora Peña de López- coinciden con la FEVA, al señalar que, lamentablemente, la eutanasia se constituye en un recurso extremo, pero necesario –y por ende autorizado- en los casos de sobrepoblación animal”.
Más adelante, se lamentaban porque “la Cámara de Diputados de la Nación haya dado media sanción a un proyecto que prohibe la eutanasia de animales, severamente cuestionado por la FEVA y sus Colegios y Consejos integrantes”.
Y como broche de oro, concluían diciendo que “referido al tema Bienestar Animal y Eutanasia” (¿¿¿¿Bienestar Animal y Eutanasia????) , el “asesoramiento sobre el uso de las cámaras de gas (…) estará a cargo de la FEVA, Colegio (de veterinarios de la Provincia) de Buenos Aires, Consejo Profesional (de veterinarios) y Facultades de Veterinaria de La Plata y Tandil”.
  
  
Caso 8
  
Para cumplir con lo prometido, inmediatamente se reunieron representantes de la FEVA; de la Facultad de Veterinaria de La Plata; de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires; del Consejo Profesional de Veterinarios; del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires; y “en calidad de observadores”, representantes de la ADDA y del Departamento de Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y elaboraron un informe asesorando sobre cómo usar las cámaras de gas…


Caso 9
  
El 6 de Abril de 1998, un grupo de entidades, acompañadas por vecinos de la Ciudad, ingresó al Instituto Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se encontraron con imágenes truculentas y los hechos contaron con importante cobertura por parte de los medios de difusión, tomando carácter de escándalo.
Salió al cruce Roberto Traba (PJ), veterinario director del Pasteur casi vitalicio en el cargo, acusando (como de costumbre) a las entidades protectoras de tener “intenciones privatizadoras del Instituto”. Lo mismo dijo el Secretario de Salud Héctor Lombardo (UCR).

Ante estos hechos, el CAF fue convocado por el Diputado porteño Raúl Puy (Frepaso) surgiendo su propuesta de trabajar conjuntamente en el tema.
En ese mismo momento, Lombardo anunciaba la intervención del Pasteur por 60 días, nombrando al veterinario Oscar Lencinas en el cargo de interventor y designando a cuatro ‘notables’ para integrar una Comisión Asesora de la intervención. Uno de ellos era el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, lo que equivalía a poner a Drácula a cuidar un banco de sangre.

Una semana después, el Diputado Puy, acompañado por otros 7 diputados, presentó el Proyecto de Ley que transformaría al Instituto Pasteur en Instituto de Salud Animal.
La presentación de ese proyecto preocupó mucho al veterinario interventor. Pero pronto se dio cuenta de que su preocupación no era necesaria, ya que tanto los legisladores porteños como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obedecieron religiosamente lo que los veterinarios del Consejo Profesional le dijeron a Fernando de la Rúa, Jefe de Gobierno, en una carta que le dirigieron.

En ella le decían:

“Es inapropiado el intento de transformación del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur en un hospital ya que:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entraría en franca competencia con los 2743 Profesionales de las Ciencias Veterinarias, que ejercen en la Ciudad de Buenos Aires colaborando con sus impuestos para una Comunidad que les ofreció a través de su Universidad, una profesión para vivir dignamente”.
Si no fuera por la tragedia que todo esto ocasiona, las actitudes y los dichos de este Sindicato, disfrazado detrás de un título pomposo que aparenta ser de organización profesional y/o académica, resultarían más que cómicos.
Para concluir, volviendo a la FEVA, representante nacional de esta corporación, presentamos 4 situaciones aparecidas en su boletín informativo de diciembre de 1998.


Caso 10
  
En la primera nota se refieren al “preocupante tema de los animales vagabundos” en la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, mencionan cuáles fueron las “propuestas para aportar soluciones” que ellos hicieron a las autoridades, a saber: “registro de los animales y campañas de educación fomentando la tenencia responsable de mascotas, todo ello con la ineludible participación del veterinario privado”.
De Campañas de esterilización… ¡ni hablar!


Caso 11

En la segunda nota de la misma publicación, agradecen al veterinario Leopoldo Estol su “valioso aporte” en la gestión realizada en el Senado de la Nación para evitar que se aprobara el Proyecto de Ley que penalizaba la matanza de animales.
También muestran su satisfacción porque –gracias a que ese Proyecto de Ley no se aprobó- en la Argentina se pueden matar caballos para consumo.
Festejan que el Proyecto haya perdido estado parlamentario y –aunque parezca un chiste- afirman enfáticamente que el Senado debe consultar a “quienes pueden aportar las argumentaciones técnicas, sin obviar el cariño y el afecto por los animales.”…
  
  
Caso 12

Siempre en la misma publicación, en la 3ª nota expresan opiniones ‘críticas’ sobre “la actitud violenta de ciertos grupos proteccionistas, (…) y, fundamentalmente, sobre la actividad de ciertos veterinarios que se prestan al juego de los proteccionistas generando situaciones que violan las más elementales normas éticas”.
Y más adelante se refieren a que “las campañas de esterilización masiva no han afectado en modo significativo la situación de los animales vagabundos”?
¿Estarán diciendo –en serio- que esterilizando masivamente no varía el número de animales?
Sólo se necesita razonar un poco para comprender que esterilizar es prevenir, o sea: evitar los nacimientos. Pero como parece que no saben razonar, tal vez no entienden que cuanto mayor sea la intensidad de las acciones preventivas, menor será el tiempo requerido para llegar al objetivo. Claro está que como ellos presionan para imponerle al Estado que no cumpla con estas tareas o –en último caso- que lo haga en un número ínfimo para no sacarles clientes a ellos, así lo más probable es que no se llegue nunca al objetivo de controlar la superpoblación…
Aparentemente, o no pueden razonar, o creen en la generación espontánea, o siguen pensando que la cigüeña trae los bebés de París… O –simplemente- creen que la gente es estúpida…


Caso 13
  
La última nota de esta publicación, titulada “Con el Dr. Santos”, nos ayuda a esclarecer (una vez más) cuáles son los verdaderos ‘principios’ que sustenta esta corporación.
Refiriéndose a la experiencia rosarina, dicen: “A pesar de la mejor intención de estas iniciativas, el funcionario no pudo demostrar una fehaciente reducción de la población canina vagabunda.”
Suponiendo que efectivamente el funcionario en cuestión haya admitido semejante cosa, cualquier persona sensata le habría planteado que lo que debería hacer –entonces- es intensificar las acciones preventivas. Porque si fuera cierto que ‘la población canina vagabunda’ no se redujo, esto se debería a que el número de esterilizaciones realizadas fue insuficiente.

Pero, no. El Sindicato veterinario le plantea exactamente lo contrario: que la Municipalidad reduzca su trabajo, porque les quita clientela a los veterinarios privados…
Más adelante, queda claro que lo que la FEVA le dice a Santos es –concretamente- que reduzca las acciones al mínimo (y –para que sea lo ‘más mínimo’ posible- que utilice un excelente recurso: humillar a la gente que pretenda acceder al servicio, haciéndole firmar una declaración jurada de “indigencia”, por ejemplo).
Y –además- quieren que la ciudad de Rosario vuelva a matar animales.
Todo eso para no perjudicar “a la actividad privada”…, pasando olímpicamente por alto que Santos es un funcionario municipal que está obligado a no matar y a efectuar las acciones a las que la FEVA se opone. Primero, en 1992, lo obligó una Ordenanza Municipal. Pero –como no la quisieron cumplir- a fines de 1993 también los tuvo que obligar la Justicia.
Hay un dicho popular: “para muestra, basta un botón”. Pues, bien: aquí la FEVA mostró la mercería completa.


EPILOGO
Es extraño, porque:
Estudiaron Veterinaria pero presionan para que se mate a los animales.
Estudiaron –al menos en nuestro país- en la Universidad pública y gratuita, pero se oponen a que exista servicio de salud público y gratuito para los animales.
Estudiaron Veterinaria, pero reclaman para ellos el derecho a ocupar puestos públicos en Bromatología, Control de alimentos, Saneamiento Ambiental, Medio Ambiente, Ambiente Humano, etc.
Reclaman ser reconocidos como “profesionales de la Salud”, para ocupar cargos públicos en los equipos de Salud. Pero cuando llegan a ocuparlos se dedican a defender desde allí los intereses del sector privado.

Llama la atención que vean:
En sus pacientes, a un peligro.
En quienes tienen animales, a una masa de irresponsables.
En quienes bregan por la protección de los animales, al enemigo.
En la comunidad, a una clientela potencial a la que hay que ‘educar’ para lograr que se transforme en clientela efectiva.
En su clientela efectiva, a una clientela cautiva.
En quienes no pueden pagarles, a seres a los que hay que humillar.
En quienes prefieren (haciendo uso de sus derechos) recurrir al servicio público, a seres a los que se debe obligar a pagarles a ellos.
Y en el Estado, a un competidor desleal.


A SACAR CONCLUSIONES!!!!!

ELLOS SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA ANTE TANTA CRUELDAD POR QUIENES TENDRÍAN QUE BREGAR POR SU CUIDADO Y PROTECCIÓN.