Asociaciones cabalares y ecologistas acusan a Medio Rural de intentar eliminar la especie con restricciones legales.
En "Vidas rebeldes", Huston retrataba a unos vaqueros obsesionados en cazar una manada de caballos salvajes, los mustang, para venderlos a una empresa que los convertiría en carne para perros. Triste destino para unos animales que en 1971 fueron declarados por el Gobierno especie protegida. Si las previsiones de algunas asociaciones cabalares y algunos ecologistas se cumplen, el caballo salvaje gallego podría correr una suerte peor: su extinción como especie silvestre. Por ello piden a la Xunta que corrija el decreto que aspira a regularlos, aunque el Gobierno se defiende diciendo que debe seguir las normas de la UE e intentar velar por los intereses de todos.
CARMEN VILLAR - SANTIAGO En el fondo, todo se reduce a una simple pregunta para la que, sin embargo, no hay acuerdo en la respuesta: ¿Es el caballo gallego que pasta en los montes en régimen de libertad un animal doméstico o salvaje? Para el Gobierno autonómico se trata de un animal doméstico, "como un perro". Y es que, argumentan desde la Consellería de Medio Rural, "tiene dueño, es una especie doméstica en régimen extensivo". Para las asociaciones cabalares de A Groba, A Valga, Morgadáns, O Galiñeiro, Monte Castrove, Amil y Sabucedo, además de para organizaciones ecologistas como SOS Groba, la Sociedad Galega de Historia Natural, la Asociación Lobo o Amigos da Terra, el particular régimen de explotación de esta especie no impide que viva en libertad y no dependa de sus propietarios ni para mantenerse ni para reproducirse. Para ellos, la respuesta es la contraria.
Diferencias como ésa son las que provocan que dichas asociaciones cabalares, junto a la SGHN, SOS Groba y la Asociación Ecoloxista Lobo, tras una reunión, hayan decidido presentar alegaciones contra el borrador de decreto que prepara la Xunta para regular la identificación de equinos y la gestión de sus explotaciones. Tras el rifirrafe que mantuvieron estas asociaciones cabalares –excepto Sabucedo– con el Gobierno por la norma que imponía el uso de microchips en los garranos –los caballos salvajes gallegos– y tras la tregua de las rapas, la guerra se reanudó esta semana ante la futura normativa. En ella, además de reiterar la exigencia de los microchips, la Xunta también regula, por ejemplo, las zonas de pastoreo, y su manera de hacerlo no convence a los dueños de los caballos, que ven, dicen, cómo se deja el poder de decisión en las mancomunidades de montes, cuya legalidad cuestiona la Asociación Monte da Groba. Para Santiago Bas, de la Asociación Ecoloxista Lobo, "los propietarios de caballos quedan en total indefensión", además de que se pierde "una pieza clave para el ecosistema" y unos "desbrozadores" de monte "gratuitos", una cualidad que reconoce la Xunta.
Según denuncia la SGHN, el decreto pone tantas "trabas administrativas" a la presencia del caballo en el monte que "va destinado a eliminarlo del monte como especie silvestre". Según la asociación, la norma, tal y como está redactada, "excluye la posibilidad de caballos en entera libertad". "En el caso de caballos sometidos a un aprovechamiento tradicional, de escaso aporte económico a sus propietarios, serán abandonados para evitar problemas", auguran, una predicción que comparten las asociaciones cabalares mencionadas. "Las obligaciones que impone la Xunta son normales para una explotación ganadera con circuito comercial, pero aquí no se hace eso", añade Xosé Lois Rey. Los caballos gallegos del monte, afirma, "necesitan un reglamento específico porque no son una especie doméstica. Es como poner al jabalí en una granja. Debe ser considerado un animal salvaje y tener los mismos derechos y obligaciones que un jabalí". Además, añaden, y lo suscriben desde la Asociación Lobo, "si se cargan el caballo salvaje, el lobo irá detrás porque ambos están muy unidos".
La Xunta, que es consciente del valor natural y etnográfico de estos caballos, se defiende y niega tal "destrucción", recordando primero que apoya la denominación de pura raza gallega, un animal que, para la SGHN o las asociaciones cabalares citadas, es diferente. "Como un visón de monte y uno de granja", explican.
Conciliar intereses
La Consellería de Medio Rural además alega que la ley europea –que obliga a identificar equinos, aunque deja como excepción casos de caballos en estado de libertad o semilibertad– hay que cumplirla, y argumenta que, aunque es labor de la Administración defender el patrimonio natural, también lo es velar por el interés de los particulares lesionados por los animales. La Xunta exige la identificación como canal "para la protección de los caballos a terceros", señalan, y añaden que la UE "no admite" la excepción en Galicia "porque los animales no están aislados". "Lo que hicimos fue subvencionar el microchip", insisten desde Medio Rural, para "intentar ayudar".
A las asociaciones cabalares mencionadas –que critican, como Monte Acibal, que no se les haya consultado para redactar la norma, aunque han pedido reunirse con Medio Rural– no les parece razón suficiente. Así, aseguran que no están en contra, sino a favor, de que se sepa quién es el propietario de un caballo, lo que les preocupa es cómo: "No pretendemos zafarnos de nuestras responsabilidades. De hecho, tenemos seguros. Lo que pedimos es que nos dejen identificar a los animales con nuestras marcas tradicionales y que éstas estén informatizadas de modo que tengan acceso a ellas Guardia Civil y Xunta", explica el biólogo Santiago Bas. También atacan que se califique de explotación extensiva el aprovechamiento, ya que "no dan lucro, sino que es más bien un hobby", como señalan desde la asociación Monte Acibal.
Medio Rural también argumenta que el decreto intenta, asimismo, favorecer "el uso racional" de superficies y pastos, "buscando la compatibilidad con los usos agrarios". Para las asociaciones cabalares, lo que ocurre en realidad es que se deja en manos de las mancomunidades de montes el poder de decisión y la figura de espacios de acogida, que serviría, según la Xunta, para "reubicar a aquellos caballos que no tienen dueño o que no se quieren en determinadas zonas", la comparan con una "reserva india" en la que quedarían confinados los "pocos" caballos –un 10%, calcula el biólogo Santiago Bas– que sobrevivirían.
Desde SOS Groba, reclaman al Gobierno autonómico que dialogue con las partes implicadas para llegar a un decreto consensuado. El microchip, afirman, no va a impedir los accidentes, y sugieren que las vallas en los "puntos negros" tal vez sí.
Fuente: Faro de Vigo
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